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El detective privado


 
La investigación privada en España es una actividad regularizada y reservada a los detectives privados.  El papel de estos profesionales se encuentra regulado en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada y también a través del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
 
 
Concretamente, el artículo 19 de la Ley de Seguridad Privada define la figura del detective privado y señala que le corresponde la obtención y aportación de información y pruebas sobre conductas y hechos privados a petición de personas físicas o jurídicas. También el artículo 101 del Real Decreto alude a esta misma actividad y, además, aclara que las conductas o hechos privados son los que afectan tanto al ámbito económico como al laboral, al mercantil y al financiero y, en general, a la vida personal, familiar o social, excepto la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados. 
 
 
De hecho, el Tribunal Supremo define a estos profesionales como testigos privilegiados o con documentos y añade en diferentes sentencias que es “un instrumento dotado de exclusividad para el eficaz control por el empresario de los deberes exigibles al trabajador”. 
 
 
Partiendo de esta normativa, se establece que los detectives privados podrán ejercer su actividad, si se lo encarga una persona física o jurídica, en el terreno privado siendo este el referido al ámbito civil o mercantil, aunque también el laboral, ya que así lo establece el Real Decreto. De esta manera, el detective privado podrá investigar hechos relacionados con la esfera civil como son arrendamientos, subarriendos, cuestiones matrimoniales, informes prematrimoniales o asuntos sobre hijos. También dentro del ámbito civil y mercantil podrán investigar hechos que den lugar a responsabilidad civil, realizar informes económicos, averiguar la situación económica de una persona, llevar a cabo la búsqueda de bienes por posibles insolvencias y asuntos relativos a la propiedad intelectual e industrial (patentes y marcas, principalmente), entre otros.
 
 
Para la realización de dichas actividades, la ley exige la disposición de una Licencia Oficial de Detective Privado, emitida por el Ministerio del Interior a quienes reúnan los requisitos exigidos por la ley, entre los que se incluye una diplomatura universitaria. 
 
 
En resumen, el artículo 101 del Reglamento de Seguridad Privada establece que los detectives privados se encargan de la obtención de información y pruebas sobre conductas o hechos privados así como de la investigación de delitos perseguibles solo a instancia de parte (según el Código Penal, estos delitos serían los de calumnia e injuria contra particulares; agresiones, acoso y abusos sexuales; descubrimiento y revelación de secretos; abandono de familia; daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros; delitos relativos al mercado y a los consumidores; delitos societarios y reproducción asistida) por encargo de los legitimados en el proceso penal (es decir, por el sujeto ofendido por el hecho delictivo) y también de la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
 
 
Tratándose de una actividad que pertenece al ámbito privado, una vez que el profesional haya realizado la investigación, esta se podrá aportar al proceso ante cualquier tribunal a través de la presentación de los informes desarrollados.